Meliá Volcán, Iberostar Papagayo, Gran Castillo, Natura Palace, Rubicón Palace, Papagayo Arenas, Son Bou, Princesa Yaiza, Coloradamar…. Son solo algunos de los nombres que componen el 23% de las plazas turísticas de la isla de Lanzarote declarados ilegales y cuyo conjunto total ha percibido incluso unos 36,5 millones de euros de los fondos de la Unión Europea. Podrían llegar a ser derruidas.
Afecta a 7.721 plazas turísticas y existen recursos pendientes que alcanza hasta las 15.000.
Esta información data de marzo de 2008 (El País) y aún hoy desconozco qué ha sido del paradero de estas edificaciones pero me da el palpito que, si no todos, la mayoría continúa ahí ahora en 2.010 con sus negocios abiertos…
Y aquí paz y en el cielo gloria.
Pero no así en Tuineje, Fuerteventura.
Hoy domingo día 10 de octubre de 2010, los canarios que hemos accedido a un determinado periódico local, nos hemos quedado mirándonos los unos para los otros al leer la noticia del suicidio de Luis Javier acaecido en una vivienda que construía en la zona de Rosa de James, en Tuineje.
El motivo de haber tomado tan fatal y lamentable decisión es la indefensión que llegó a sentir ante los organismos oficiales al haber sido denunciado (¿por un vecino?), amenazado (orden de demolición) y multado con un importe de hasta 130.000 € (21.600.000 de las antiguas pesetas), por la construcción de una pequeña vivienda en un terreno heredado de sus abuelos con calificación de rústico, junto a una vieja casa.
En su escrito de despedida deja escrito: “Me mataron los del Gobierno de Canarias y los de Medio Ambiente. Por esta casa me pidieron 130.000 euros de multa. De mí no tuvieron piedad. Ladrones, me voy, pero de mí y de mi familia no sacan un duro más”
Un mileurista con ilusiones en formar una familia honradamente. Como escribe en su carta publicada su propio padre, no se trataba de hacer negocios, fabricar apartamentos para explotar, especular…No, solo iba a ser su vivienda familiar la que llevó a tomar una fatal decisión. ¿No habría bastado con obligarle a su demolición y si no lo hacía, actuar la propia Administración?
Ante estos hechos, cabe preguntarse uno cómo es posible que por dicha vivienda (la foto se publica también con el artículo periodístico) se puedan llegar a pedir hasta 130.000 euros, además de los gastos que estaba afrontando en su defensa.
¿Estamos locos? ¿Qué está pasando aquí? Por la información que conozco debo entender que efectivamente la vivienda no debía ser construida donde lo hizo Javier.
Tampoco sabemos cuántas viviendas más se encuentran en la zona construidas sin licencia ( a saber cuántas tanto en Lanzarote como en Fuerteventura, en esos campos de Dios) y tampoco si el presunto vecino denunciante tiene sus propiedades al día.
Lo que no es de recibo es que a estas alturas de la democracia, cuando tanto y tantos han luchado por los derechos humanos y sus libertades, tras la historia vivida en nuestro país, un problema contencioso-administrativo pueda implicar la triste situación que hoy lamentamos.
No señor. Es momento de que los funcionarios y políticos que han participado en la tramitación de este maldito expediente hagan autocrítica y revisen sus formas de actuar.
¿Han actuado con el mismo tesón en los casos de los hoteles de Lanzarote citados al principio, con el mismo celo profesional?
Porque si no es así nos encontramos ante un gravísimo problema social e institucional ante el cual muchos preferirán desviar la mirada hacia otro lado.
Don Daniel Pérez Rodríguez, padre de Luis Javier, solicita con toda su humildad y dolor que esta circunstancia salga a la luz pública y se de a conocer con la intención de despertar conciencias…
Conmigo lo ha conseguido plenamente.
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